La red Ara ante los primeros 100 días de gestión del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas

Una gestión ambiental eficaz, transparente, participativa, integradora y  solidaria con sus trabajadores, son requisitos fundamentales para avanzar hacia una sociedad sustentable

El 7 de septiembre del 2014 la Red Ara manifestó su rechazo ante la desaparición del Ministerio del Ambiente y objetó la subordinación de las políticas ambientales del país a intereses desarrollistas y político-partidistas. Posteriormente, en el pasado mes de abril, saludamos, con reservas, la decisión de re-institucionalizar la gestión ambiental en Venezuela, e instamos a las autoridades del nuevo ministerio de Ecosocialismo y Aguas a asumir sus tareas con profesionalismo y compromiso de país. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por el uso de la doctrina del Ecosocialismo como orientadora de las políticas ambientales, siendo la misma ajena a nuestra Constitución.

Luego de más de cien días de haber sido creado este ministerio las señales que el país ha venido recibiendo desde el nuevo ministerio son alarmantes, y las mismas deben llamar a la reflexión sobre el rumbo que parece estar tomando esta institución.

Al respecto, queremos llamar la atención sobre una serie de situaciones que consideramos son contrarias a las necesidades, expectativas y exigencias nacionales en materia de la protección de los derechos ambientales, el derecho a la participación, así como los derechos laborales de los venezolanos.

1. Existe un vacío de información pública y opacidad sobre las políticas, programas y proyectos que este ministerio pueda estar realizando. No existe información oficial sobre temas tan importantes como las actuales políticas de gestión de aguas, conservación de la biodiversidad, control de la contaminación, ordenamiento territorial, gestión de áreas naturales protegidas o lucha contra el cambio climático (CC)

Tal situación quedó patente en la reciente comparecencia del Ministro Guillermo Barreto a la reunión preparatoria de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En la misma, el ministro habló de avances en planes de lucha contra este fenómeno. Planes que ignoramos existiesen. Igualmente, más allá de estas declaraciones, desconocemos si existe alguna acción dirigida a cumplir con las obligaciones asumidas por el país en materia de CC, incluyendo la realización de informes periódicos y la presentación del documento de “contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional” (INDC, por sus siglas en inglés) que deberá ser presentado antes de la próxima Conferencia de las Partes, el próximo mes de diciembre.

2. Parece existir una ausencia de respuestas en temas ambientales prioritarios para Venezuela. Ello es palpable por la falta de información pública sobre la posición y acción del ministerio frente a situaciones recientes, tales como: La denuncia sobre la presencia de actividad minera dentro del Parque Nacional Canaima, la anunciada ampliación de la zona afectada por minería de carbón en el río Guasare, Estado Zulia, la contaminación por mercurio, el aumento de las tasas de deforestación en Guayana, así como los anuncios de megaproyectos de desarrollo en áreas de alto valor ambiental e incluso áreas protegidas por Ley. Sin que en ninguno de estos procesos pareciese haberse cumplido los requisitos exigidos por la Constitución y la Normativa Ambiental venezolana, ni haber consultado con las comunidades que serán afectadas por los mismos.

3. Continúa la conculcación de competencias ambientales por instituciones sin jurisdicción  directa en esta materia. Continuamente diversos organismos del Ejecutivo Nacional, tal como los ministerios de la Defensa, Vivienda y Hábitat, Turismo, Comunas, así como Gobernaciones, Alcaldías entre otros, realizan actividades y dan declaraciones que entran en conflicto con las competencias legales del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. A veces con claro desconocimiento por parte de esas instituciones, no solo de los aspectos ambientales más básicos, sino de las normas legales venezolanas relacionadas con la conservación del ambiente.

Es claro que estas instituciones deben actuar como apoyo de las políticas ambientales del país y en tal sentido deben coordinar su trabajo con el Ministerio sectorial en materia ambiental. Asimismo, este ministerio debe velar por el estricto cumplimiento de los artículos 165, 166 y 167 de la Constitución Nacional y las Normas Ambientales Venezolanas por parte de todos los órganos de la administración pública nacional.

4. Existe una situación de desconocimiento de los derechos laborales de los funcionarios del extinto MINAMB. Los trabajadores que hasta el 2014 estaban adscritos al Ministerio del Ambiente aún permanecen en un limbo legal que no garantiza su continuidad laboral, ni reconoce sus derechos y beneficios en materia de trabajo. Esta situación está impactando a muchas familias venezolanas que ven con enorme angustia su situación actual y su futuro en un momento de muchas dificultades económicas para todos. Adicionalmente, se les somete a presiones para obligarlos a una liquidación forzosa sin ninguna garantía de respeto por su trabajo y derechos laborales.

Esta circunstancia representa, por una parte, una aberración dentro de un gobierno que se define como defensor de los trabajadores, y por otra, es un menosprecio a la experiencia, conocimientos y compromiso del personal que por años tuvo sobre sus hombros la gestión ambiental del país.

5. No existen canales que permitan la participación efectiva de la sociedad en la gestión ambiental. Diversas organizaciones, instituciones y personas han solicitado a las autoridades del nuevo ministerio que sean oídas sus peticiones y opiniones. A la vez se ha exhortado a las mismas a informar a la sociedad sobre los planes y proyectos que están siendo diseñados o implementados de tal manera de participar y si fuese el caso acompañar y hacer contraloría social de estas acciones.

Pero hasta el momento, no parece existir ninguna intención de abrir canales de participación y diálogo, a la vez que persiste el desconocimiento hacia las organizaciones de la sociedad civil venezolanas en materia ambiental. Si un ministerio pretende actuar supuestamente según valores socialistas, no debería desconocer el principio de participación protagónica consagrado en nuestra Constitución.


Frente a este panorama, la Red Ara reitera su exhorto a las autoridades del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas a actuar de manera eficaz, transparente, participativa e inclusiva ante los retos ambientales del país y de protección a los derechos laborales de los trabajadores ambientales. A la vez que llama a la sociedad venezolana a mantenerse alerta y activos en defensa de nuestros derechos ambientales y sociales.

Comité Coordinador de la Red Ara, 06 de agosto de 2015

LA RED ARA RECHAZA LA ELIMINACIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE EN VENEZUELA

La Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) declara su firme rechazo a la eliminación del Ministerio del Ambiente y su degradación a “Viceministerio de Ecosocialismo” adscrito al Ministerio de Vivienda, medida que fue anunciada por el jefe del Ejecutivo Nacional el pasado 2 de septiembre.

En tal sentido, consideramos, que esta decisión será un retroceso en materia de políticas e institucionalidad ambiental, y es incongruente con los principios de desarrollo sustentable y derechos ambientales establecidos en nuestra Constitución.

Asimismo, consideramos que la misma tendrá como consecuencia una aceleración del deterioro del patrimonio natural de los venezolanos, poniendo en peligro las posibilidades de que el país avance hacia un modelo de desarrollo capaz de promover la mejora de la calidad de vida de todos los venezolanos.

Por lo contrario, valoramos el hecho de que este Ministerio, a pesar de las presiones políticas y económicas que sufrió durante su historia, consolidó un sistema nacional de áreas protegidas, que incluye 43 parques nacionales que cubren 15% del territorio; construyó una extensa red de embalses y acueductos; diseñó y ejecutó políticas para la conservación de la biodiversidad; estableció Normas Técnicas para el control del daño ambiental; desarrolló un marco nacional de Ordenamiento del Territorio y estableció los programas nacionales para la inserción de la educación ambiental en todos los niveles educativos, entre otros logros.

Asimismo, resulta fundamental recordar que Venezuela fue pionera en políticas ambientales, al crear el  primer Ministerio de Ambiente en Latinoamérica y segundo en el mundo, y que desde su creación brindó asistencia técnica, formación y asesoría a los países de la región.

Por todo ello, condenamos la anulación de la institución rectora de las políticas ambientales del país, al supeditarla a un ente de desarrollo urbano que, por el contrario, debería ser supervisado por la autoridad ambiental.

Deploramos que, a través de esta decisión, se consolide la pérdida progresiva y deliberada de la autoridad y capacidad técnica del Ministerio del Ambiente. Acción que ha conducido a la ausencia de acciones efectivas que controlen el deterioro de los sistemas ambientales, la progresiva violación de las normas de ordenamiento del territorio, la ausencia de toma de  decisiones para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como, a pesar de la retórica internacional, el abandono del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Nación a través de los Convenios Internacionales en materia ambiental.

Igualmente, rechazamos la explicación simplista que pretende contraponer el desarrollo social a la conservación del ambiente y, a través de ella, ignorar que el bienestar de la población está ligado de manera inseparable al acceso al agua potable, a la existencia de alimentos sanos y producidos de manera sustentable, a la generación de energía de fuentes renovables, al control de la contaminación y la preservación de los ecosistemas, entre otros temas ambientales.

Por otra parte, repudiamos que la política ambiental del país sea manejada bajo la doctrina política del ecosocialismo y no a través del modelo de desarrollo sustentable y democracia participativa establecidos en la Constitución Nacional, ya que reduce el tema ambiental a una mero instrumento de confrontación política, promueve la segregación ideológica y excluye cualquier otro enfoque y práctica beneficiosos para la solución de los problemas ambientales.

Fundamentada en estas consideraciones, la Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA):

Exhorta al Ejecutivo Nacional a revertir esta decisión de manera inmediata, y por el contrario inicie acciones concretas para fortalecer y ampliar las capacidades técnicas, humanas, económicas y políticas del Ministerio del Ambiente.

Hace un llamado a todas las Organizaciones Ambientalistas, Universidades, Academias, Organizaciones de la Sociedad Civil, Sindicatos y a la ciudadanía en general, a manifestar su rechazo a esta decisión, y a realizar todas las acciones contempladas en la Constitución y las leyes nacionales de tal manera revertir esta decisión.

Igualmente, solicita a las organizaciones y movimientos ambientalistas en todo el mundo a que soliciten al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela la revocatoria de esta decisión la cual tendrá efectos ambientales, políticos y sociales perjudiciales para los ciudadanos de todas las naciones.

Caracas, 7 de septiembre de 2014

Comité Coordinador Red ARA 

La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela ante la resolución de desocupación de la Fundación Científica Los Roques

La Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), en nombre de las 34 organizaciones que la integran, expresa su firme rechazo a la resolución del Territorio Insular Francisco de Miranda y el Ministerio de Agricultura y Tierras (1), que revoca la autorización a la Fundación Científica Los Roques, para operar la Estación Biológica Dos Mosquises, ubicada en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques desde 1967.

No entendemos las razones a las que obedece la citada resolución contra una institución que por más de 50 años, ha sido apoyo técnico y científico del Estado en materia de investigación y conservación marina, que ha generado la información necesaria para la creación y reglamentación del primer parque marino de Venezuela, el manejo y conservación de especies marinas emblemáticas y buena parte del conocimiento que hoy tenemos sobre estos ecosistemas y sobre los asentamientos insulares de indígenas venezolanos.

Más allá de la base legal de la medida, la Red ARA considera injustificada la desocupación de la Estación Biológica Dos Mosquises, a través de la cual, Fundación Científica Los Roques ha brindado una valiosa plataforma a cientos de investigadores en Venezuela y el mundo y ha sido aula abierta para la formación de docentes, estudiantes, funcionarios, operadores, público general y pobladores del Archipiélago, lo que hace de esta Estación Biológica una referencia mundial en investigación y educación ambiental.

Como miembros de la sociedad civil organizada, que creen y ejercen el principio constitucional de corresponsabilidad ciudadana, nos preocupa la publicación oficial de una resolución cuyo texto no señala justificación alguna de dicha medida, generando un grave precedente que amenaza el derecho de libre asociación, en un país que propugna como valores superiores “…la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social…” (Art. 2 CRBV)

La Red ARA se suma a la solicitud de la comunidad científica, académica, ambiental y ciudadana, así como de los habitantes del Archipiélago Los Roques e instamos al Ministerio de Agricultura y Tierras y a la Jefatura del Territorio Insular Miranda a reconsiderar y revertir esta lamentable resolución. Así mismo, los invitamos a establecer y mejorar los mecanismos de comunicación, cooperación y apoyo institucional y financiero con la Fundación Científica Los Roques, en coordinación con otros organismos gubernamentales como INPARQUES, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente e INSOPESCA, responsables de la administración y conservación de este patrimonio natural de los venezolanos para las generaciones presentes y futuras.


Caracas, 21 de julio de 2014
Comité Coordinador

(1) Resolución conjunta del Territorio Insular Francisco de Miranda (Decreto N° 12014) y Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (N° 0272014) del 30 de abril de 2014, publicada en Gaceta Oficial 40.443 del 30 junio del 2014

Sinergia Rechaza allanamientos de sedes de organizaciones y amenazas a activistas sociales

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana

Integrada por 50 asociaciones civiles promotoras del desarrollo social, la construcción de ciudadanía, la formación con base en valores y principios democráticos, unidas en la promoción y defensa de los derechos a la participación y libre asociación Rechaza allanamientos de sedes de organizaciones y amenazas a activistas sociales.

Las organizaciones que conformamos Sinergia, expresamos nuestro rechazo a la persecución, intimidación y amenazas por parte del Gobierno Nacional, en los últimos días en los que se ha señalado con nombre y apellido a representantes de organizaciones de la sociedad civil Venezolana, defensores de derechos humanos, reconocidos en el país, algunas de ellas miembros de Sinergia, como el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Fundación Futuro Presente.

Por otra parte, se han producido una serie de allanamientos a sedes de organizaciones, sin que se haya informado con precisión y claridad cual es la amenaza real que se busca controlar; el discurso de los representantes del orden público no puede estar lleno de slogan políticos, repitiendo argumentaciones ideológicas para intentar criminalizar actuaciones que son licitas.

Las diversas acusaciones mencionadas por el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres y los cuerpos de seguridad del estado, representan una franca violación a los derechos a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y al derecho legítimo de expresar disconformidad con propuestas, políticas y actores políticos. Por ello, exigimos por un lado investigaciones independientes, sin sesgo político y con presentación de evidencias verificables, y, por otro lado, garantizar el debido proceso, y la seguridad física y sicológica de los defensores y miembros de las organizaciones señalados por el Ministro Rodríguez Torres.

Los responsables de la seguridad pública no pueden seguir acusando con ligereza de “terrorismo”, “asociación para delinquir”, “traición a la patria”, “violación de la soberanía”, “subversivos”, “conspiradores”, a personas y organizaciones que tienen una vida dedicada a construir bienestar, a la defensa de derechos humanos o la construcción de lo público para beneficio de todos, a la protección de poblaciones en estado de vulnerabilidad.

En declaraciones ampliamente difundidas por los medios de radio, televisión y prensa del estado venezolano, el Ministro Rodríguez Torres ha acusado de gravísimos delitos a defensores y organizaciones, sin presentar evidencias o pruebas que sostenga las afirmaciones. La descalificación pública por parte de órganos de seguridad del estado sin que exista resultados de investigaciones y decisiones judiciales reviste ya una violación al estado de derecho, único principio que nos garantiza la igualdad ante la ley, y justicia debida.

Con la crispación que vive el país en los últimos meses -producto de la crisis económica, del sistema de salud, la inseguridad, el desabastecimiento, entre otros problemas,- las acusaciones por parte del gobierno de responsabilidades tan graves, podría generar rechazo hacia los objetivos y el trabajo que desarrollan cientos de organizaciones ciudadanas, poniendo en riesgo la estabilidad de la organización y la seguridad de activistas, defensores y sus familias.

Reiteramos nuestro rechazo a lo que constituye una política de criminalización de la labor de múltiples organizaciones civiles de desarrollo social, de derechos humanos, a los defensores y activistas que cumplen la misión de velar por los derechos de todas y todos los venezolanos. Nos preocupa la campaña difamatoria y amenazas contra Humberto Prado, Coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Rocío San Miguel, Directora de Control Ciudadano y Manuela Bolívar, Directora de Futuro Presente. En particular hacemos un llamado a la liberación de Rodrigo Diamanti, Presidente de la organización Un Mundo sin Mordaza, y el cese de las amenazas e intimidaciones a partir de la supuesta existencia de una lista para próximos allanamiento y detenciones.

Las organizaciones de sociedad civil, incluyendo a las de desarrollo social y de promoción y defensa de los derechos humanos, juegan un papel vital en la generación de condiciones para una vida digna de toda la población venezolana, en particular de quienes se encuentran en las mayores condiciones de vulnerabilidad. En el ejercicio de su labor, las organizaciones dan cumplimiento al artículo 132 de la Constitución Nacional, que establece que “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.

Recordamos que Venezuela es firmante de Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, que exige a los gobiernos proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor. Asimismo, establece el deber de los Estados de “proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades; proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos y garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos”.

Por último, creemos que un gobierno democrático se mide por su disposición y capacidad de respeto y diálogo. El camino de la paz, pasa por el reconocimiento del otro y la capacidad de aceptar que el país es de TODOS y TODAS. Ratificamos nuestra disposición a apoyar todas las iniciativas tendientes a procurar el camino del entendimiento y la convivencia ciudadana en nuestro país.

Caracas, 9 de mayo de 2014

Contacto
Deborah Van Berkel 0414 2340482

Declaracion de Sinergia 9 de mayo 2014

Ante la denuncia de construcción de viviendas en el Parque Nacional Médanos de Coro

La Red ARA y el Comité de Áreas Naturales Protegidas de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales hacen un llamado a respetar la legislación ambiental y detener los planes de construcción de viviendas dentro de los parques nacionales de Venezuela.

La Red de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) y el Comité de Áreas Naturales Protegidas de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales expresan su preocupación ante la denuncia realizada por funcionarios del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), en la que señalan la intención de construir viviendas dentro del Parque Nacional Médanos de Coro en el estado Falcón por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Así mismo, expresamos completa solidaridad con los planteamientos hechos por estos funcionarios.

La construcción de viviendas dentro de parques nacionales es ilegal. Los parques nacionales (PNs) como patrimonio de todos los venezolanos, son áreas particularmente protegidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por diversos tratados internacionales. Violar el ordenamiento jurídico de los PNs es un ilícito ambiental y por ende, una violación de los derechos humanos colectivos del pueblo venezolano.

El sistema de parques nacionales de Venezuela apenas ocupa un 15% del territorio nacional y garantiza el acceso al agua potable de más de 20 millones de habitantes y la generación del 70% de la energía eléctrica que se consume en el país, quedando aún un 85% del territorio nacional para enfrentar el déficit de viviendas existente en todo el país, el cual debe ser solucionado con políticas económicas, financieras y habitacionales coherentes con el modelo de desarrollo sustentable expresado en el texto constitucional.

La amenaza de construcción ilícita dentro del Parque Nacional Médanos de Coro refleja un grave problema de pérdida de institucionalidad, dado que otros entes gubernamentales – en este caso encargados de desarrollar la infraestructura habitacional – pretenden desconocer abiertamente la legislación ambiental correspondiente a la ordenación territorial, colocándose al margen de la ley y la CRBV, situación que se repite de manera generalizada en la mayor parte de las áreas naturales protegidas del país.

La Red ARA y el Comité de Áreas Naturales Protegidas de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales apoyan a INPARQUES en la defensa territorial del Parque Nacional Médanos de Coro y le acompañarán en exigir al Ministerio Público a que concurra diligentemente en defensa activa del Parque Nacional Médanos de Coro y de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

En Caracas a los 10 del mes de Octubre de 2011,

Comité Coordinador de la Red Ara