Comunicado de la Red Ara en relación con la actual situación política del país
Los miembros de la Red Ara vemos con mucha preocupación el deterioro creciente y acelerado del Estado de Derecho de la Nación y del cumplimiento de las garantías necesarias para el goce pleno de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución, la sana convivencia de los ciudadanos, la participación protagónica del pueblo y el desarrollo nacional.
La suspensión del proceso de manifestaciones de voluntad ciudadana con respecto al Referéndum Revocatorio del Presidente de la República, realizado mediante actos de dudosa legalidad y cuestionable ética, es sólo la más reciente manifestación de estas circunstancias políticas. Situación que las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela venimos denunciando desde hace varios meses. A manera de ejemplo, en el tema ambiental el Decreto N° 2.248 del pasado 24 de febrero, mediante el cual se sancionó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, contiene elementos que violan mandatos expresos de la Constitución, tanto en temas de los derechos ambientales y sus garantías, derechos de los pueblos indígenas, así como de como de los derechos políticos de los ciudadanos.
Este proceso de deterioro legal e institucional ocurre en paralelo con un repunte de denuncias de amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y acciones ilegales por parte de organismos del Estado contra diversos actores políticos, periodistas e incluso contra activistas ambientales a causa de sus opiniones o acciones de protesta legítima.
Esta situación pone en peligro la paz del país, genera fuertes dudas sobre la viabilidad y continuidad del modelo de democracia participativa y protagónica establecida por nuestra Constitución y planta fuertes obstáculos para la solución de los problemas del país, incluyendo los ambientales, mediante el diálogo y el trabajo conjunto.
Bajo estas circunstancias:
- Exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir de manera cabal con sus obligaciones constitucionales, promoviendo y no entorpeciendo la participación ciudadana en la vida política del país, incluyendo el derecho constitucional de revocar a los funcionarios públicos, así como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la ciudadanía.
- Llamamos a todos nuestros miembros y a todo el movimiento ambiental a estar atentos, documentar y, en lo posible, denunciar toda acción que, aprovechando la coyuntura política actual, intente acelerar la implementación de planes ecocidas como el Arco Minero del Orinoco, así como de otros proyectos mineros y de otro tipo que profundizarán la destrucción ambiental del país y únicamente dejarán una secuela de destrucción, enfermedad y pobreza.
- Igualmente, los exhortamos a continuar con nuestras labores de defensa del ambiente y los derechos ambientales de los venezolanos como elementos prioritarios en un eventual proceso de reconstrucción nacional, la cual necesitará contar con recursos naturales que usados de manera responsable, equitativa y sustentable podrán ayudar a restablecer la riqueza nacional y solucionar, al menos en parte, la grave situación de pobreza y hambre existente del país, así como disminuir nuestras vulnerabilidades ante las amenazas de desastres socionaturales, incluyendo el cambio climático.
- Pedimos a toda la ciudadanía, expresada a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil, a actuar en la defensa de los derechos ciudadanos como sustentos de un país democrático, participativo, justo y equitativo, así como apoyar activamente todo esfuerzo pacífico y constitucional para restituir de manera expedita la vigencia del Estado de Derecho en el país.
- Finalmente, solicitamos a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, así como a las organizaciones ambientales hermanas en todo el mundo, a estar atentos a la situación venezolana de tal manera de apoyar los esfuerzos que se estén realizando en el país para mantener la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela.
El Comité Coordinador
24 de octubre de 2016
