La Misión de la Red ARA es Integrar y fortalecer las organizaciones ambientales para el logro de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano a través del trabajo en equipo, la comunicación, la creación de capacidades y fomentar la generación de conocimientos

domingo, 14 de mayo de 2017

Los ambientalistas venezolanos frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela



Nosotros los abajo firmantes, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos de Venezuela y profesionales en los diversos temas relacionados con el ambiente, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente decreto emanado del Ejecutivo Nacional convocando a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Este decreto incluye entre los objetivos descritos para esta convocatoria: "La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad".
Por otra parte, el Artículo 347 de la Constitución Nacional indica que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es “… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. 
En el marco de la mencionada convocatoria, es lícito preguntarnos desde el punto de vista de los derechos ambientales de los venezolanos, sí en este momento sería pertinente realizar una transformación de las bases y estructura del Estado tal como lo expresa el artículo 347 y si se resulta necesario modificar los derechos ambientales presentes en la misma tal como es expresado en el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El texto Constitucional vigente establece en su artículo 127 que: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho es complementado en este mismo artículo por dos  mandatos al Estado venezolano al indicar que: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”; así como también que: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
Sin embargo, el Estado Venezolano no ha cumplido con estas obligaciones que garantizan una mejor calidad de vida.  Esta afirmación puede corroborarse por los siguientes hechos:
Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando  principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían  en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69% de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).
Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años.  Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.
A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.
Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.
Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.
Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.
Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.
El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.
Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.
En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional  cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.
Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución  y participar activamente en la defensa de la misma.
Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.
Firman:
Organizaciones:
1. A.C. H1nnova Lab
2. A.C. Phynatura
3. AC Una Montaña de Gente 
4. Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales (ACFIMAN)
5. Acceso a la Justicia
6. Acción Campesina
7. Alianza Una Montaña de Gente - Observatorio Ambiental Venezolano
8. Ascenso Centro de Aventura A.C.
9. Asociación Civil BioParques
10. Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai
11. Asociación Civil Núcleo de Geografía  Viva
12. Asociación Civil Protegiendo y Produciendo (PRO2)
13. Asociación Ecológica para la Prevención Ambiental del Estado Falcón (AEPAFALCON)
14. Asociación Mujeres en Línea
15. AVVA Frontera Gran Sabana
16. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
17. Ciudadanía y Libertad A.C.
18. Civilis Derechos Humanos
19. Coalición Clima21
20. Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Capítulo Mérida
21. El Zulia Recicla
22. Equipo de Proyectos y Asesoría Social (EDEPA)
23. Fundación Abrae
24. Fundación Aguaclara
25. Fundación Ecodiversa
26. Fundación EcoJuegos
27. Fundación Hijos de la Madre Tierra (FUNDAHIMATI)
28. Fundación Mujeres del Agua
29. Fundesos
30. Gente de Soluciones
31. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela).
32. Laboratorio de Paz
33. Mesa Ambiental Nacional
34. Observatorio Ambiental Venezolano
35. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes
36. Observatorio Venezolano de la Salud
37. Picnic Urbano de Maracay
38. PROVEA
39. Red Andina de DDHH (RADAR) 
40. Red de ONGS que luchas contra la desertificación de Venezuela (RIOD Venezuela)
41. Red de Organizaciones Ambientales no Gubernamentales de Venezuela (Red Ara)
42. Sinergia Asociación Civil
43. Sociedad Hominis Iura (SOHI)
44. Stop VIH
45. Un Mundo Sin Mordaza
46. Una Ventana a la Libertad
47. UNIANDES

PERSONAS:
1. Acianela Montes de Oca
2. Adriana Humanes, Ecóloga marina
1. Aime Tillett. Universidad Central de Venezuela
2. Alberto Blanco-Dávila, Nature Projects
3. Alejandro Álvarez Iragorry, Ambientalista, Educador ambiental
4. Alejandro Ecarri, Gente de Soluciones 
5. Alejandro Luy, biólogo
6. Alejandro Suels Aranda, Ambientalista
7. Alfredo Lascautx, Delegado del partido Verde de Canadá ante la Federación de Partidos Verdes de las Américas
8. Ana Carolina Sotillo, empresaria
9. Anaurora Yranzo Duque. Investigadora en Ciencias Básicas, Naturales y Aplicadas.  Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias UCV. 
10. Andrés Eloy Seijas, Profesor Universitario
11. Andrew Torres, Ing. Agroindustrial y Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV), Prof. Titular UNELLEZ.
12. Anita Méndez, Educadora Ambiental
13. Anna Sartorio de Ponte, ambientalista
14. Arnoldo José Gabaldón, ex ministro del Ambiente
15. Augusto Bastidas, Geógrafo, Maestría en Administración Ambiental
16. Azucena Martínez F. Ambientalista - Educadora Ambiental y Asesor Técnico en la Asamblea Nacional Constituyente 1999
17. Beatríz Esté
18. Belkis Echenique Ingeniero Civil.
19. Carlos Monedero - Profesor Titular UCV
20. Carlos Peláez, Ecólogo.
21. Carlos Rivero Blanco
22. Carmelo Ecarri 
23. Carmen Aida Carrasquel, Ambientalista
24. Cristina Díaz
25. Cristina Fiol
26. Daniel Delgado, Periodista ambiental. Editor del Blog Ecoscopioweb
27. Edgardo García Larralde, Consultor en Desarrollo Sustentable, Gran Bretaña
28. Eduardo Cudisevich, Ingeniero Agrónomo
29. Eliseo Castellano, Profesor Universitario Jubilado de la UNELLEZ, Barinas
30. Enrique Alberto Martín Cuervo
31. Enrique Farfán, Ambientalista,  luchador social y comerciante
32. Faruk Bagdah, Ambientalista
33. Frida Ayala
34. Gloria Carucci, Bióloga UCV
35. Griselda Ferrara, profesora de la Universidad Central de Venezuela
36. Guayana Páez-Acosta
37. Gustavo Mendoza, ambientalista y Director de la Fundación Ambientalista Huerto Los Ayamanes.
38. Hernán Papaterra
39. Inelba Mata, Ingeniero Municipal, Alcaldía del Municipio Marcano. Edo. Nueva Esparta
40. Iñaki Alberdi, Biólogo
41. Jeanfreddy Gutiérrez, Periodista Ambiental
42. Jorge  M. González, Ph.D., Profesor Universitario (California State University, USA)
43. Jorge Cruz
44. José Carvajal, periodista
45. Juan Carlos Sánchez, Profesor de la Fac. de Ingeniería UCV
46. Juan José Cárdenas. Oceanógrafo.
47. Juan M Posada. Ambientalista en el exilio
48. Julio Alexander Parra Maldonado, Educador
49. Lecgisia Torres de Krisch, Educadora,
50. Lisbeth Bethelmy, Investigadora y psicóloga ambiental
51. Lucas Riestra, Abogado
52. Luis Arteaga Benatuil, Movimiento Ecológico Salvemos al Mundo
53. Luis Souto, periodista
54. Luisa Villalba Márquez, profesora
55. María Elisa Febres, abogada, Especialista en Derecho Ambiental, Doctora en Desarrollo Sostenible
56. María Esmeralda Mujica, Bióloga
57. María Gabriela Espinoza, Administradora
58. María Suárez Luque, Docente de la Universidad Central de Venezuela
59. Maritza Pulido Santana,  Premio Global 500 1991 PNUMA UNESCO
60. Mayra Rincón Salazar, periodista ambiental
61. Mercedes Corro, Abogada
62. Mercedes Diez, Abogada en el exilio
63. Miguel A. Villegas Herrera, Biólogo
64. Nélida Gruber
65. Nelson Gil Luna, Profesor Universitario.  UPEL-Instituto Pedagógico JM Siso Martínez
66. Omaira Delgado Rivas, Ambientalista
67. Omar Escalona, Fundación Ambiental de Venezuela 
68. Oscar Gómez. Gerente General de Vitaambiente
69. Pedro Gutiérrez Leal, Profesor Universidad Nacional Abierta y miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle
70. Rafael Rodríguez-Altamiranda, Dpto. Biología, Universidad de Carabobo
71. Ramon Quintana Gomez, Ing. HidMet., Prof. Tit. Univ. (Emérito) UNELLEZ, UCV, Miembro de la Direct. Nac. de la Soc. Vzlana. de Ing. HidMet-CIV.
72. Raúl Pulido, Especialista en Ecología y Ambiente, Biólogo UCV, MSc IVIC
73. Reyna Pérez Ponce, Presidenta Instituto Municipal Ambiente Chacao Alcaldía Municipio Chacao
74. Roberto Paulo Carletti Biscard, Profesor Universitario
75. Ruth Barrios, Fundación Vida Verde  
76. Sandra Giner, profesora de la UCV
77. Sergio Antillano A. Ingeniero/Planificador ambiental.
78. Soledad Santamarina
79. Soraya Verónica Medina Fuentes, Educadora
80. Viviana Salas Martín, Bióloga 
81. Yrama Capote
82. Zaida García, Profesora UPEL IPC

lunes, 24 de octubre de 2016

Comunicado de la Red Ara en relación con la actual situación política del país









Comunicado de la Red Ara en relación con la actual situación política del país

Los miembros de la Red Ara vemos con mucha preocupación el deterioro creciente y acelerado del Estado de Derecho de la Nación y del cumplimiento de las garantías necesarias para el goce pleno de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución, la sana convivencia de los ciudadanos, la participación protagónica del pueblo y el desarrollo nacional.

La suspensión del proceso de manifestaciones de voluntad ciudadana con respecto al Referéndum Revocatorio del Presidente de la República, realizado mediante actos de dudosa legalidad y  cuestionable ética, es sólo la más reciente manifestación de estas circunstancias políticas. Situación que las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela venimos denunciando desde hace varios meses. A manera de ejemplo, en el tema ambiental el Decreto N° 2.248 del pasado 24 de febrero, mediante el cual se sancionó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, contiene elementos que violan mandatos expresos de la Constitución, tanto en temas de los derechos ambientales y sus garantías, derechos de los pueblos indígenas, así como de como de los derechos políticos de los ciudadanos.

Este proceso de deterioro legal e institucional ocurre en paralelo con un repunte de denuncias de amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y acciones ilegales por parte de organismos del Estado contra diversos actores políticos, periodistas e incluso contra activistas ambientales a causa de sus opiniones o acciones de protesta legítima.

Esta situación pone en peligro la paz del país, genera fuertes dudas sobre la viabilidad y continuidad del modelo de democracia participativa y protagónica establecida por nuestra Constitución y planta fuertes obstáculos para la solución de los problemas del país, incluyendo los ambientales, mediante el diálogo y el trabajo conjunto.

Bajo estas circunstancias:
  • Exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir de manera cabal con sus obligaciones constitucionales, promoviendo y no entorpeciendo la participación ciudadana en la vida política del país, incluyendo el derecho constitucional de revocar a los funcionarios públicos, así como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la ciudadanía.
  •  Llamamos a todos nuestros miembros y a todo el movimiento ambiental a estar atentos, documentar y, en lo posible, denunciar toda acción que, aprovechando la coyuntura política actual, intente acelerar la implementación de planes ecocidas como el Arco Minero del Orinoco, así como de otros proyectos mineros y de otro tipo que profundizarán la destrucción ambiental del país y únicamente dejarán una secuela de destrucción, enfermedad y pobreza.
  •  Igualmente, los exhortamos a continuar con nuestras labores de defensa del ambiente y los derechos ambientales de los venezolanos como elementos prioritarios en un eventual proceso de reconstrucción nacional, la cual necesitará contar con recursos naturales que usados de manera responsable, equitativa y sustentable podrán ayudar a restablecer la riqueza nacional y solucionar, al menos en parte, la grave situación de pobreza y hambre existente del país, así como disminuir nuestras vulnerabilidades ante las amenazas de desastres socionaturales, incluyendo el cambio climático.
  • Pedimos a toda la ciudadanía, expresada a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil, a actuar en la defensa de los derechos ciudadanos como sustentos de un país democrático, participativo, justo y equitativo, así como apoyar activamente todo esfuerzo pacífico y constitucional para restituir de manera expedita la vigencia del Estado de Derecho en el país.
  •  Finalmente, solicitamos a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, así como a las organizaciones ambientales hermanas en todo el mundo, a estar atentos a la situación venezolana de tal manera de apoyar los esfuerzos que se estén realizando en el país para mantener la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela.

El Comité Coordinador
24 de octubre de 2016

lunes, 8 de agosto de 2016

Arco y flecha al sur del Orinoco



“Para el indígena toda destrucción del medio ambiente es una destrucción de sí mismo” Carlos Figueroa, Piasán Pemón de Tei-Pun.

El decreto presidencial N° 2.248 oficializó el  “Arco Minero del Orinoco” en los territorios indígenas geopolíticamente ubicados en la Guayana venezolana, tierras y hábitats de pueblos y comunidades indígenas yekuanas, piaroas, piapoco, hibi, warekena, baré, sanemá, hoti, eñepa, piapoco, pemón, arawak y akawayo,  entre otras etnias, habitantes y pobladores ancestrales de un vasto territorio. Cada pueblo con su lengua, territorialidad, cultura, tradicionalidad y cosmovisión, pero teniendo en común, a veces el idioma español,  y un lazo muy estrecho con su entorno medio ambiental, que sustenta sus modos y medios de vida, conjugando una simbiosis perfecta entre hombre y naturaleza.
Este decreto inconsulto, que impulsa el fracasado modelo extractivista y rentista del gobierno venezolano, es una afrenta al discurso de reivindicación y reconocimiento de los derechos  de los pueblos indígenas  consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos  y Comunidades Indígenas, constituyendo quizás, la más grande contradicción ideológica práctica entre muchas más, del socialismo del siglo XXI latinoamericano.
En su derecho consuetudinario, nuestras etnias se enfrentaron con sus armas rudimentarias al invasor europeo y jamás se doblegaron, nunca aceptaron la esclavitud y se sacrificaron por defender sus pueblos y sus tierras. Hoy el gobierno desconoce ese derecho ancestral, pues en su afán de conseguir divisas, ha entregado una gran porción del territorio de la patria y nuestras etnias, a más de 150 compañías de 35 países para que ejecuten un plan de explotación minera en grandes extensiones de bosques y sabanas, en su mayoría vírgenes aun, produciendo un nuevo genocidio contra nuestros pueblos originarios, a sabiendas que todo un arsenal de promesas ha logrado lo que no pudieron los conquistadores, doblegar las almas indígenas mal poniendo por encima de toda organización ancestral la disciplina de un partido único.
La activación  del arco minero del Orinoco concurrirá en la muerte de naciones indígenas con más de 14 mil años asentadas en una de las regiones más antiguas de la tierra, entre ellas la nación mapoyo, cuyo idioma fue declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en noviembre 2014, es decir estamos frente a una de las peores depredaciones a nuestra madre tierra, impulsada por un gobierno que se autodenomina “ecosocialista” y que oficializó la “resistencia indígena” y bajó a los conquistadores europeos del pedestal de la historia, para honrar a nuestros caciques. ¿Será que para seguir los honores le colocaron ese nombre (Arco), en alusión al arco y la flecha, símbolo de la resistencia?
Aún, si en el mejor de los escenarios, el gobierno actual decidiera derogar el decreto 2.248, no existe garantía política, constitucional, legal, militar o técnica que evite la persistente, sistemática, empoderada, apadrinada, armada y financiada invasión de mineros ilegales a los territorios indígenas, afectando sus derechos constitucionales al territorio (Art.119), al ambiente sano (Art.127) y a la integridad personal y cultural (Art. 121). Por el contrario, si al día de hoy persiste la ingobernabilidad, debilidad institucional, pérdida de soberanía y desidia gubernamental en lo hoy delimitado como Arco Minero, lo más seguro es que, al no actuar desde el verdadero interés de nuestras etnias, ese sea el escenario que siga prevaleciendo.
Solo es posible revertir tal escenario si se reactiva y concreta el otorgamiento de los títulos de tierra y hábitat, productos de la autodemarcación de territorios ancestrales, en aras de construir en conjunto mecanismos para la defensa de la soberanía e integridad territorial del país. Sería la única forma de contener el “genocidio silencioso” que la “revolución” persiste en continuar contra nuestras culturas originarias. Ese paso si garantizaría la aplicación de los planes de vida (bien o no apoyados por el Estado y la institucionalidad), consagrados en el artículo 123 de la Constitución, al prevalecer un paradigma más sustentable, ecológico, y por tanto más realmente de acuerdo con los valores de las culturas indígenas, reemplazando el “modelo rentista extractivista minero y petrolero” por alternativas ecológicas, económicas y biológicas preservadoras de la vida y la sustentabilidad, algo perfectamente posible si sólo hubiera la voluntad política y verdaderamente revolucionaria.
“Contra el Arco Minero, Arco y Flecha”
Luis Jiménez
C.I. 7.492.724

jueves, 4 de agosto de 2016

Derecho a la consulta previa

Este 09 de agosto: Apoya el derecho a la consulta previa de pueblos
indígenas en Venezuela

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se
realizará un evento en Caracas para apoyar el derecho de las
comunidades originarias a ser consultadas de manera previa, libre e
informada antes de la promoción de actividades mineras y militares en
sus territorios. Las organizaciones Provea, Grupo de Trabajo de
Asuntos Indígenas de la ULA y Laboratorio de Paz realizaran el estreno
del documental "Extractivismo en Venezuela: Las venas siguen abiertas"
y la presentación del informe sobre la situación del derecho a la
consulta previa en el país. Además, para finalizar, se contará con los
valiosos testimonios de líderes indígenas de los estados Zulia y
Bolívar, sobre las diferentes problemáticas que los aquejan.

Este evento se realizará el martes 09 de agosto de 2016, a las 10 de
la mañana, en las instalaciones del Foro XXI de Caracas, ubicado en el
piso 5 del Centro Letonia, en la Avenida Principal de La Castella,
cerca al Metro Altamira.

Pd: Se distribuirán copias del documental y el informe en formato
digital a los asistentes

lunes, 11 de julio de 2016

Desconocemos el Decreto 2248 que crea la Zona de Desarrollo del Arco Minero por inconstitucional y ecológicamente insustentable

Con base al Decreto 2.248, de fecha 24 de febrero de 2016, publicado en Gaceta Oficial 40.855 el Gobierno declara una porción al sur del río Orinoco como zona de exploración y explotación minera a gran escala, con una superficie aproximadamente 111.843 km2 y la denominan “Arco Minero del Orinoco”. Este arco comprende cuatro zonas: Guayana, La Paragua y El Caura, la cuenca del Caroní y Sierra de Imataca. La geología de estas zonas cuentan con reservas potenciales para la extracción de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de valor industrial. El área decretada como zona de explotación equivale a un 12% del territorio nacional, y corresponde a una zona de gran fragilidad ecológica por lo difícil de restaurar un área que es biológicamente diversa y por la pérdida de biodiversidad que causaría la actividad minera.
El Decreto 2.248, es inconstitucional, ya que no fue discutido en la Asamblea Nacional ni se realizaron las debidas Consultas Públicas a las comunidades originarias, que habitan los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro donde se ubica el mencionado Arco Minero. Además, pretende desafectar de facto varias Áreas Bajo Régimen de Administración Especial como las ubicadas en la cuenca estratégica del río Caroní, el
Monumento Natural Cerro Guanay, la Reserva Forestal Imataca, entre otras. Así mismo, incumple con acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y otros. Aunado a esto, dado que ocupa un 12% del territorio se debería tomar en cuenta la voluntad ciudadana Nacional.
El sur del Orinoco y su Delta es el área mejor conservada del país con una de las mayores riquezas de especies a nivel nacional y mundial, sumado a la diversidad cultural de las etnias que desde tiempos remotos han hecho vida en esta área. Además, es fuente de agua y energía eléctrica para todo el territorio, importante recurso pesquero y zona de incomparable belleza escénica. Sin embargo, de 1998 a 2007 los grados de intervención pasaron de cubrir un área de 2362,34 km2 a extenderse a 4.180,44 km2, lo que implica una tasa anual de pérdida de cobertura del 3.84%, de acuerdo al estudio realizado por Madi y col. publicado en 2011.
El impacto que ya ha sufrido la zona del sur del Orinoco, existiendo un Ministerio del Ambiente, es alarmante. Por lo tanto, preocupa la creación del ministerio para el desarrollo “ecológico” minero en aras de garantizar el cumplimiento de nuestra legislación ambiental, en lugar de hacerlo un verdadero “Ministerio del Ambiente”. La gestión ambiental en el país se caracteriza por ser desarticulada, normativista y poco efectiva. A pesar de presentar un marco legal aparentemente sólido y profuso, éste es débil e ineficiente en su aplicación. La situación política venezolana al igual que la de algunos países latinoamericanos, se caracteriza por la de un gobierno excesivamente centralizado, donde el Estado de Derecho y la separación de poderes son mínimos o nulos, destacándose además la falta de continuidad en las políticas públicas y directrices institucionales, lo que en conjunto debilita la contraloría social en pro del ambiente. En consecuencia, un ministerio nuevo no garantiza que se lleven a cabo los debidos procesos que la ley establece a fin de generar el menor impacto posible a los ecosistemas en el desarrollo de actividades de extracción.
Está suficientemente demostrado que las actividades mineras (la minería aurífera y la minería a cielo abierto en general) llevan consigo deforestación, sedimentación de cursos de agua, pérdida de suelos, contaminación química, erradicación de la fauna, y en definitiva la destrucción del ecosistema. Además trae consigo la proliferación de la cacería y del comercio ilegal de fauna, diseminación de enfermedades, desarraigo de las comunidades, focos de prostitución, descomposición social y enfrentamientos armados. Por lo tanto, con este decreto se irrespetan los artículos 127, 128, 129, 304, 327 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hacen referencia a los derechos ambientales en calidad de derechos fundamentales, se declara el principio de desarrollo sustentable y se establece que se debe asegurar el equilibrio ecológico y resiliencia de los sistemas terrestres y marinos para las poblaciones presentes y futuras.
El Comité de Áreas Naturales Protegidas de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, considerando los argumentos expuestos, y teniendo como norte fundamental la salud de los venezolanos, la sostenibilidad del país, la protección del patrimonio natural y de los recursos naturales que nos pertenecen a todos los venezolanos y sobre los que tenemos una responsabilidad con el resto de la Humanidad:
1.- Desconoce la validez jurídica y la legitimidad del Decreto 2.248, de fecha 24 de febrero de 2016, publicada en Gaceta Oficial 40.855, sin solicitar su nulidad ya que de facto es inconstitucional y en las actuales circunstancias no hay garantía de imparcialidad judicial.
2.- Se suma al rechazo generalizado hacia la declaración del mencionado Arco Minero, y a la posición de otras organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que es un área donde se debe fomentar el desarrollo sustentable o sostenible, a través de alternativas económicas de mejor adecuación, tales como sistemas agroforestales, turismo sustentable, acuerdos de bonos de carbono, entre otras, que repercutan en una mejora de la calidad de vida de las poblaciones originarias, así como en la preservación de un ambiente seguro y ecológicamente equilibrado.
3.-Reconoce que la gestión ambiental es un proceso integral que incluye esfuerzos conjuntos de instituciones gubernamentales, comunitarias, privadas y de la sociedad civil en general, en aras de proteger, conservar, restaurar y usar de forma sostenible los recursos naturales.
4.-Resalta el papel fundamental y decisorio que la ciudadanía tiene en la protección del ambiente.
5.- Apoya totalmente el trascendente Acuerdo adoptado por la Asamblea Nacional el día 9 de Junio del 2016, reafirmando además la necesidad de continuar denunciando al mencionado Arco Minero por considerarlo como un atentado a los más altos intereses de la Nación.

Comité de Áreas Naturales Protegidas
de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales

viernes, 8 de julio de 2016

El Arco Minero del Orinoco destruye el país y nos convierte en enemigos de la humanidad.



Cuando decimos que la economía venezolana se basa en la industria petrolera estamos diciendo una mentira. El petróleo constituye el grueso de nuestras exportaciones, pero nuestra economía, como todas las del planeta, se basa en tener una población viva y que trabaja, por lo que los sectores industriales más importantes para nuestro país son los del agua, la comida, la salud y la electricidad.
Son cosas que hasta ahora no habían faltado y las dábamos por sentado. Pero ya eso cambió, y dicho cambio es, en parte, climático.

Cuando los ambientalistas nos preocupamos por el cambio climático es, entre otras cosas, porque sabemos que tiene el potencial de destruir nuestra economía, y con ella a la sociedad en su conjunto. Si no tomamos acciones efectivas y radicales, los resultados serán sequías que imposibiliten la recuperación de nuestra producción de alimentos, aumentos de la temperatura que facilitarían epidemias de enfermedades tropicales y diarreicas, colapso de los sistemas actuales de generación eléctrica y sed. Son consecuencias que ya se sienten.

Todo esto está documentado y bien explicado con bases científicamente sólidas. ¿Cómo resolver el problema? Lo primero es mitigarlo, hacer que sea menos grave de lo previsto reduciendo al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2. Lo segundo, igualmente importante, es adaptarnos a sus efectos inevitables. Tenemos que estar preparados para sequías, inundaciones y epidemias.

Pues bien, la clave para que Venezuela mitigue y se adapte al cambio climático, la clave para salvar al país de esta emergencia, se encuentra en Guayana

No es el oro y el coltán, ni el hierro ni los diamantes. La herramienta que nos da Guayana para enfrentar esta catastrófica coyuntura es su selva.

Los bosques tropicales venezolanos sepultan en su madera y en sus suelos hasta 300 toneladas de carbono por hectárea. Son cementerios de gases de efecto invernadero, por lo que preservarlos es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático. De ello se deriva que destruirlos tiene el efecto contrario: libera todo ese carbono a la atmósfera en forma de CO2, contribuyendo enormemente al calentamiento global, agravando el fenómeno.

Los bosques de Guayana son también claves para adaptarnos al cambio climático porque son fuentes de agua. Su cobertura vegetal promueve temperaturas terrestres más bajas y mayor incidencia de lluvias y condensación, lo que se traduce en enormes reservas hídricas como los ríos Paragua, Caura, Caroní y Orinoco, que llenan embalses como Guri, que en algún momento pudo cubrir hasta el 65% de la demanda eléctrica nacional. Los bosques guayaneses son agua para beber, agua para la producción agrícola y agua para generar electricidad.

Los bosques de Guayana también son reservorios de biodiversidad, dentro de los que se incluyen depredadores de los vectores de las principales enfermedades tropicales, como dengue, fiebre amarilla y malaria. Cuando el ecosistema del bosque permanece intacto, las poblaciones de vectores se mantienen a raya. Pero cuando el humano se adentra en esta zona tórrida, deforesta y elimina la biodiversidad, los vectores prosperan y convierten al humano en la presa que él mismo eliminó. Así, la minería en la selva dispara epidemias potencialmente catastróficas de enfermedades tropicales, principalmente la malaria, cuyo vector, el mosquito Anopheles, tiene ahora un hábitat más extenso gracias al cambio climático y podría alcanzar lugares como la cordillera central y la andina.

Así que los bosques guayaneses son el respirador que nos mantendrá vivos como sociedad hasta que se logre la transición a una economía sostenible en el tiempo, que soporte los efectos del cambio climático que ella misma creó. Por eso los ambientalistas nos oponemos tan férreamente al desarrollo minero. No existe minería sin deforestación y emisiones de millones de toneladas de gases de efecto invernadero. No existe minería sin contaminación de los cursos de agua de Guayana. No existe minería posible en el Estado Bolívar que no exponga a mineros (y a través de ellos, al resto del país) a la malaria, la fiebre amarilla, el dengue y otras.

Por cierto, este decreto también va en contra del acuerdo de París, que Venezuela acaba de ratificar, comprometiéndose a reducir en 20% las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Nos pone del lado de los enemigos de la humanidad, al sabotear el enorme esfuerzo que el planeta hace por conservar su clima.

El desarrollo del Arco Minero del Orinoco es entonces no un clavo, sino la tapa del ataúd de nuestro país. El desarrollo minero al sur de Venezuela implica la destrucción de la fuente principal de lo que realmente necesitamos para sobrevivir como sociedad y como humanidad al cambio climático: agua, comida, salud y energía. 

 Carlos Peláez