La Misión de la Red ARA es Integrar y fortalecer las organizaciones ambientales para el logro de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano a través del trabajo en equipo, la comunicación, la creación de capacidades y fomentar la generación de conocimientos

lunes, 11 de julio de 2016

Desconocemos el Decreto 2248 que crea la Zona de Desarrollo del Arco Minero por inconstitucional y ecológicamente insustentable

Con base al Decreto 2.248, de fecha 24 de febrero de 2016, publicado en Gaceta Oficial 40.855 el Gobierno declara una porción al sur del río Orinoco como zona de exploración y explotación minera a gran escala, con una superficie aproximadamente 111.843 km2 y la denominan “Arco Minero del Orinoco”. Este arco comprende cuatro zonas: Guayana, La Paragua y El Caura, la cuenca del Caroní y Sierra de Imataca. La geología de estas zonas cuentan con reservas potenciales para la extracción de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de valor industrial. El área decretada como zona de explotación equivale a un 12% del territorio nacional, y corresponde a una zona de gran fragilidad ecológica por lo difícil de restaurar un área que es biológicamente diversa y por la pérdida de biodiversidad que causaría la actividad minera.
El Decreto 2.248, es inconstitucional, ya que no fue discutido en la Asamblea Nacional ni se realizaron las debidas Consultas Públicas a las comunidades originarias, que habitan los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro donde se ubica el mencionado Arco Minero. Además, pretende desafectar de facto varias Áreas Bajo Régimen de Administración Especial como las ubicadas en la cuenca estratégica del río Caroní, el
Monumento Natural Cerro Guanay, la Reserva Forestal Imataca, entre otras. Así mismo, incumple con acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial y otros. Aunado a esto, dado que ocupa un 12% del territorio se debería tomar en cuenta la voluntad ciudadana Nacional.
El sur del Orinoco y su Delta es el área mejor conservada del país con una de las mayores riquezas de especies a nivel nacional y mundial, sumado a la diversidad cultural de las etnias que desde tiempos remotos han hecho vida en esta área. Además, es fuente de agua y energía eléctrica para todo el territorio, importante recurso pesquero y zona de incomparable belleza escénica. Sin embargo, de 1998 a 2007 los grados de intervención pasaron de cubrir un área de 2362,34 km2 a extenderse a 4.180,44 km2, lo que implica una tasa anual de pérdida de cobertura del 3.84%, de acuerdo al estudio realizado por Madi y col. publicado en 2011.
El impacto que ya ha sufrido la zona del sur del Orinoco, existiendo un Ministerio del Ambiente, es alarmante. Por lo tanto, preocupa la creación del ministerio para el desarrollo “ecológico” minero en aras de garantizar el cumplimiento de nuestra legislación ambiental, en lugar de hacerlo un verdadero “Ministerio del Ambiente”. La gestión ambiental en el país se caracteriza por ser desarticulada, normativista y poco efectiva. A pesar de presentar un marco legal aparentemente sólido y profuso, éste es débil e ineficiente en su aplicación. La situación política venezolana al igual que la de algunos países latinoamericanos, se caracteriza por la de un gobierno excesivamente centralizado, donde el Estado de Derecho y la separación de poderes son mínimos o nulos, destacándose además la falta de continuidad en las políticas públicas y directrices institucionales, lo que en conjunto debilita la contraloría social en pro del ambiente. En consecuencia, un ministerio nuevo no garantiza que se lleven a cabo los debidos procesos que la ley establece a fin de generar el menor impacto posible a los ecosistemas en el desarrollo de actividades de extracción.
Está suficientemente demostrado que las actividades mineras (la minería aurífera y la minería a cielo abierto en general) llevan consigo deforestación, sedimentación de cursos de agua, pérdida de suelos, contaminación química, erradicación de la fauna, y en definitiva la destrucción del ecosistema. Además trae consigo la proliferación de la cacería y del comercio ilegal de fauna, diseminación de enfermedades, desarraigo de las comunidades, focos de prostitución, descomposición social y enfrentamientos armados. Por lo tanto, con este decreto se irrespetan los artículos 127, 128, 129, 304, 327 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hacen referencia a los derechos ambientales en calidad de derechos fundamentales, se declara el principio de desarrollo sustentable y se establece que se debe asegurar el equilibrio ecológico y resiliencia de los sistemas terrestres y marinos para las poblaciones presentes y futuras.
El Comité de Áreas Naturales Protegidas de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, considerando los argumentos expuestos, y teniendo como norte fundamental la salud de los venezolanos, la sostenibilidad del país, la protección del patrimonio natural y de los recursos naturales que nos pertenecen a todos los venezolanos y sobre los que tenemos una responsabilidad con el resto de la Humanidad:
1.- Desconoce la validez jurídica y la legitimidad del Decreto 2.248, de fecha 24 de febrero de 2016, publicada en Gaceta Oficial 40.855, sin solicitar su nulidad ya que de facto es inconstitucional y en las actuales circunstancias no hay garantía de imparcialidad judicial.
2.- Se suma al rechazo generalizado hacia la declaración del mencionado Arco Minero, y a la posición de otras organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que es un área donde se debe fomentar el desarrollo sustentable o sostenible, a través de alternativas económicas de mejor adecuación, tales como sistemas agroforestales, turismo sustentable, acuerdos de bonos de carbono, entre otras, que repercutan en una mejora de la calidad de vida de las poblaciones originarias, así como en la preservación de un ambiente seguro y ecológicamente equilibrado.
3.-Reconoce que la gestión ambiental es un proceso integral que incluye esfuerzos conjuntos de instituciones gubernamentales, comunitarias, privadas y de la sociedad civil en general, en aras de proteger, conservar, restaurar y usar de forma sostenible los recursos naturales.
4.-Resalta el papel fundamental y decisorio que la ciudadanía tiene en la protección del ambiente.
5.- Apoya totalmente el trascendente Acuerdo adoptado por la Asamblea Nacional el día 9 de Junio del 2016, reafirmando además la necesidad de continuar denunciando al mencionado Arco Minero por considerarlo como un atentado a los más altos intereses de la Nación.

Comité de Áreas Naturales Protegidas
de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales

viernes, 8 de julio de 2016

El Arco Minero del Orinoco destruye el país y nos convierte en enemigos de la humanidad.



Cuando decimos que la economía venezolana se basa en la industria petrolera estamos diciendo una mentira. El petróleo constituye el grueso de nuestras exportaciones, pero nuestra economía, como todas las del planeta, se basa en tener una población viva y que trabaja, por lo que los sectores industriales más importantes para nuestro país son los del agua, la comida, la salud y la electricidad.
Son cosas que hasta ahora no habían faltado y las dábamos por sentado. Pero ya eso cambió, y dicho cambio es, en parte, climático.

Cuando los ambientalistas nos preocupamos por el cambio climático es, entre otras cosas, porque sabemos que tiene el potencial de destruir nuestra economía, y con ella a la sociedad en su conjunto. Si no tomamos acciones efectivas y radicales, los resultados serán sequías que imposibiliten la recuperación de nuestra producción de alimentos, aumentos de la temperatura que facilitarían epidemias de enfermedades tropicales y diarreicas, colapso de los sistemas actuales de generación eléctrica y sed. Son consecuencias que ya se sienten.

Todo esto está documentado y bien explicado con bases científicamente sólidas. ¿Cómo resolver el problema? Lo primero es mitigarlo, hacer que sea menos grave de lo previsto reduciendo al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2. Lo segundo, igualmente importante, es adaptarnos a sus efectos inevitables. Tenemos que estar preparados para sequías, inundaciones y epidemias.

Pues bien, la clave para que Venezuela mitigue y se adapte al cambio climático, la clave para salvar al país de esta emergencia, se encuentra en Guayana

No es el oro y el coltán, ni el hierro ni los diamantes. La herramienta que nos da Guayana para enfrentar esta catastrófica coyuntura es su selva.

Los bosques tropicales venezolanos sepultan en su madera y en sus suelos hasta 300 toneladas de carbono por hectárea. Son cementerios de gases de efecto invernadero, por lo que preservarlos es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático. De ello se deriva que destruirlos tiene el efecto contrario: libera todo ese carbono a la atmósfera en forma de CO2, contribuyendo enormemente al calentamiento global, agravando el fenómeno.

Los bosques de Guayana son también claves para adaptarnos al cambio climático porque son fuentes de agua. Su cobertura vegetal promueve temperaturas terrestres más bajas y mayor incidencia de lluvias y condensación, lo que se traduce en enormes reservas hídricas como los ríos Paragua, Caura, Caroní y Orinoco, que llenan embalses como Guri, que en algún momento pudo cubrir hasta el 65% de la demanda eléctrica nacional. Los bosques guayaneses son agua para beber, agua para la producción agrícola y agua para generar electricidad.

Los bosques de Guayana también son reservorios de biodiversidad, dentro de los que se incluyen depredadores de los vectores de las principales enfermedades tropicales, como dengue, fiebre amarilla y malaria. Cuando el ecosistema del bosque permanece intacto, las poblaciones de vectores se mantienen a raya. Pero cuando el humano se adentra en esta zona tórrida, deforesta y elimina la biodiversidad, los vectores prosperan y convierten al humano en la presa que él mismo eliminó. Así, la minería en la selva dispara epidemias potencialmente catastróficas de enfermedades tropicales, principalmente la malaria, cuyo vector, el mosquito Anopheles, tiene ahora un hábitat más extenso gracias al cambio climático y podría alcanzar lugares como la cordillera central y la andina.

Así que los bosques guayaneses son el respirador que nos mantendrá vivos como sociedad hasta que se logre la transición a una economía sostenible en el tiempo, que soporte los efectos del cambio climático que ella misma creó. Por eso los ambientalistas nos oponemos tan férreamente al desarrollo minero. No existe minería sin deforestación y emisiones de millones de toneladas de gases de efecto invernadero. No existe minería sin contaminación de los cursos de agua de Guayana. No existe minería posible en el Estado Bolívar que no exponga a mineros (y a través de ellos, al resto del país) a la malaria, la fiebre amarilla, el dengue y otras.

Por cierto, este decreto también va en contra del acuerdo de París, que Venezuela acaba de ratificar, comprometiéndose a reducir en 20% las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Nos pone del lado de los enemigos de la humanidad, al sabotear el enorme esfuerzo que el planeta hace por conservar su clima.

El desarrollo del Arco Minero del Orinoco es entonces no un clavo, sino la tapa del ataúd de nuestro país. El desarrollo minero al sur de Venezuela implica la destrucción de la fuente principal de lo que realmente necesitamos para sobrevivir como sociedad y como humanidad al cambio climático: agua, comida, salud y energía. 

 Carlos Peláez