Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana
Integrada por 50 asociaciones civiles promotoras del desarrollo social, la construcción de ciudadanía, la formación con base en valores y principios democráticos, unidas en la promoción y defensa de los derechos a la participación y libre asociación Rechaza allanamientos de sedes de organizaciones y amenazas a activistas sociales.
Por otra parte, se han producido una serie de allanamientos a sedes de organizaciones, sin que se haya informado con precisión y claridad cual es la amenaza real que se busca controlar; el discurso de los representantes del orden público no puede estar lleno de slogan políticos, repitiendo argumentaciones ideológicas para intentar criminalizar actuaciones que son licitas.
Las diversas acusaciones mencionadas por el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres y los cuerpos de seguridad del estado, representan una franca violación a los derechos a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y al derecho legítimo de expresar disconformidad con propuestas, políticas y actores políticos. Por ello, exigimos por un lado investigaciones independientes, sin sesgo político y con presentación de evidencias verificables, y, por otro lado, garantizar el debido proceso, y la seguridad física y sicológica de los defensores y miembros de las organizaciones señalados por el Ministro Rodríguez Torres.
Los responsables de la seguridad pública no pueden seguir acusando con ligereza de “terrorismo”, “asociación para delinquir”, “traición a la patria”, “violación de la soberanía”, “subversivos”, “conspiradores”, a personas y organizaciones que tienen una vida dedicada a construir bienestar, a la defensa de derechos humanos o la construcción de lo público para beneficio de todos, a la protección de poblaciones en estado de vulnerabilidad.
En declaraciones ampliamente difundidas por los medios de radio, televisión y prensa del estado venezolano, el Ministro Rodríguez Torres ha acusado de gravísimos delitos a defensores y organizaciones, sin presentar evidencias o pruebas que sostenga las afirmaciones. La descalificación pública por parte de órganos de seguridad del estado sin que exista resultados de investigaciones y decisiones judiciales reviste ya una violación al estado de derecho, único principio que nos garantiza la igualdad ante la ley, y justicia debida.
Con la crispación que vive el país en los últimos meses -producto de la crisis económica, del sistema de salud, la inseguridad, el desabastecimiento, entre otros problemas,- las acusaciones por parte del gobierno de responsabilidades tan graves, podría generar rechazo hacia los objetivos y el trabajo que desarrollan cientos de organizaciones ciudadanas, poniendo en riesgo la estabilidad de la organización y la seguridad de activistas, defensores y sus familias.
Reiteramos nuestro rechazo a lo que constituye una política de criminalización de la labor de múltiples organizaciones civiles de desarrollo social, de derechos humanos, a los defensores y activistas que cumplen la misión de velar por los derechos de todas y todos los venezolanos. Nos preocupa la campaña difamatoria y amenazas contra Humberto Prado, Coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Rocío San Miguel, Directora de Control Ciudadano y Manuela Bolívar, Directora de Futuro Presente. En particular hacemos un llamado a la liberación de Rodrigo Diamanti, Presidente de la organización Un Mundo sin Mordaza, y el cese de las amenazas e intimidaciones a partir de la supuesta existencia de una lista para próximos allanamiento y detenciones.
Las organizaciones de sociedad civil, incluyendo a las de desarrollo social y de promoción y defensa de los derechos humanos, juegan un papel vital en la generación de condiciones para una vida digna de toda la población venezolana, en particular de quienes se encuentran en las mayores condiciones de vulnerabilidad. En el ejercicio de su labor, las organizaciones dan cumplimiento al artículo 132 de la Constitución Nacional, que establece que “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.
Recordamos que Venezuela es firmante de Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, que exige a los gobiernos proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor. Asimismo, establece el deber de los Estados de “proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades; proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos y garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos”.
Por último, creemos que un gobierno democrático se mide por su disposición y capacidad de respeto y diálogo. El camino de la paz, pasa por el reconocimiento del otro y la capacidad de aceptar que el país es de TODOS y TODAS. Ratificamos nuestra disposición a apoyar todas las iniciativas tendientes a procurar el camino del entendimiento y la convivencia ciudadana en nuestro país.
Caracas, 9 de mayo de 2014
Contacto
Deborah Van Berkel 0414 2340482
Declaracion de Sinergia 9 de mayo 2014
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