Las organizaciones indígenas
del Estado Amazonas agrupadas en la Organización
Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de
Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), han solicitado
al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, mediante comunicación
escrita de fecha 04 de abril de 2016, adoptar medidas urgentes frente al grave
y creciente problema de la minería ilegal en la Amazonía venezolana.
Las
organizaciones señalan en su escrito que: “Estamos profundamente preocupados debido a la creciente ACTIVIDAD
MINERA ILEGAL (minería de oro) en varias zonas del Estado Amazonas, la cual
afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región. Durante los últimos
años (2014 – 2015 – 2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en
los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización
de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan
métodos de dragado de las aguas delos ríos para la extracción de oro. El
resultado de esta actividad ilegal ha sido una evidente destrucción ambiental
en zonas como el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo,
Guainía, Sipapo - Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare - Ventuari, Parucito -
Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros; contaminación de las aguas por presencia
de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema
fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de
alimento para las comunidades indígenas ribereñas y las capitales de
Municipios. En las áreas afectadas se observan impactos ambientales como
deforestación de grandes cantidades de selva tropical, desviación del curso de
las aguas de ríos y caños, procesos de sedimentación y la afectación de
numerosos ecosistemas amazónicos. De esta situación hay numerosos informes y
numerosa documentación en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía del Estado
Amazonas.”
Las organizaciones destacan
que la actividad minera ilegal en todo el Estado Amazonas va acompañada de
otras muchas ilegalidades, tales como el contrabando de productos nacionales,
el tráfico de combustible, la prostitución, la delincuencia organizada, la
entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas sobretodo de
Colombia y Brasil, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el
tráfico de sustancias prohibidas por la ley. Todas estas actividades ilegales y en concreto la
minería ilegal son hechos públicos ampliamente conocidos y difundidos por las
comunidades y los medios de comunicación.
Las organizaciones señalan que esta situación la han presentado en
varias oportunidades en mesas de diálogo con la Vicepresidencia de la
República, el Ministerio de la Defensa, CECODENA, el Ministerio para los
Pueblos Indígenas, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del
Pueblo, y las Comisiones de Defensa y Pueblos Indígenas de la Asamblea
Nacional. También les preocupa que mientras el problema
aumenta y se detectan nuevos focos mineros ilegales en toda la región, en
muchos casos las autoridades del Estado venezolano no han logrado controlar
efectivamente el problema de la actividad minera ilegal que afecta a nuestros
pueblos y comunidades y a la población en general.
Es importante resaltar que
en el Estado Amazonas hay numerosas ÁREAS PROTEGIDAS, como los Parques
Nacionales YAPACANA, Parima Tapirapecó, Duida Marawaka, La Neblina; la Reserva
de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare; Zonas Protectoras, Reservas Forestales y
Monumentos Naturales; y existe el Decreto Presidencial N° 269 del año 1989, que
prohíbe la minería en todo el territorio de Amazonas.
En la solicitud se destaca
que “Debido a la alta fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, y que
en su mayoría nuestros hábitats y tierras no han sido demarcados como reconoce el
artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ratificamos que la vocación natural del
Estado Amazonas deberá ser de preservación de recursos hídricos para el futuro
del país, conservación de la diversidad biológica, y realización de actividades
económicas sostenibles en la Amazonía (agroforestería, artesanía, silvicultura, agricultura cónsona con el
ambiente -cacao orgánico-, pesca
artesanal, ganadería bufalina no extensiva, apicultura y ecoturismo. Creemos
que también se pueden promover fuentes alternativas de energía como la energía
solar e hidroeléctrica a menor escala previo estudio de impacto ambiental.”
Las organizaciones indígenas
insisten “Queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen
medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de estos fuertes impactos
ambientales y socioculturales. En este sentido, al expresar nuestra
preocupación por la implementación del llamado Arco Minero del Orinoco,
reconocemos como positivo que se haya excluido al Estado Amazonas de las
actividades propias de esta política del Estado venezolano.”
Finalmente las organizaciones
manifiestan la necesidad de sentarse con el Gobierno Nacional para dialogar
sobre estos problemas, especialmente con la Presidencia de la República, a los
efectos de que desde el Gobierno Nacional, se puedan coordinar acciones
efectivas y medidas concretas que permitan controlar y erradicar la minería
ilegal en Amazonas.
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