Comunicado de la Red Ara en relación con la actual situación política del país

Comunicado de la Red Ara en relación con la actual situación política del país

Los miembros de la Red Ara vemos con mucha preocupación el deterioro creciente y acelerado del Estado de Derecho de la Nación y del cumplimiento de las garantías necesarias para el goce pleno de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución, la sana convivencia de los ciudadanos, la participación protagónica del pueblo y el desarrollo nacional.

La suspensión del proceso de manifestaciones de voluntad ciudadana con respecto al Referéndum Revocatorio del Presidente de la República, realizado mediante actos de dudosa legalidad y  cuestionable ética, es sólo la más reciente manifestación de estas circunstancias políticas. Situación que las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela venimos denunciando desde hace varios meses. A manera de ejemplo, en el tema ambiental el Decreto N° 2.248 del pasado 24 de febrero, mediante el cual se sancionó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, contiene elementos que violan mandatos expresos de la Constitución, tanto en temas de los derechos ambientales y sus garantías, derechos de los pueblos indígenas, así como de como de los derechos políticos de los ciudadanos.

Este proceso de deterioro legal e institucional ocurre en paralelo con un repunte de denuncias de amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y acciones ilegales por parte de organismos del Estado contra diversos actores políticos, periodistas e incluso contra activistas ambientales a causa de sus opiniones o acciones de protesta legítima.

Esta situación pone en peligro la paz del país, genera fuertes dudas sobre la viabilidad y continuidad del modelo de democracia participativa y protagónica establecida por nuestra Constitución y planta fuertes obstáculos para la solución de los problemas del país, incluyendo los ambientales, mediante el diálogo y el trabajo conjunto.

Bajo estas circunstancias:

• Exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir de manera cabal con sus obligaciones constitucionales, promoviendo y no entorpeciendo la participación ciudadana en la vida política del país, incluyendo el derecho constitucional de revocar a los funcionarios públicos, así como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la ciudadanía.
•  Llamamos a todos nuestros miembros y a todo el movimiento ambiental a estar atentos, documentar y, en lo posible, denunciar toda acción que, aprovechando la coyuntura política actual, intente acelerar la implementación de planes ecocidas como el Arco Minero del Orinoco, así como de otros proyectos mineros y de otro tipo que profundizarán la destrucción ambiental del país y únicamente dejarán una secuela de destrucción, enfermedad y pobreza.
•  Igualmente, los exhortamos a continuar con nuestras labores de defensa del ambiente y los derechos ambientales de los venezolanos como elementos prioritarios en un eventual proceso de reconstrucción nacional, la cual necesitará contar con recursos naturales que usados de manera responsable, equitativa y sustentable podrán ayudar a restablecer la riqueza nacional y solucionar, al menos en parte, la grave situación de pobreza y hambre existente del país, así como disminuir nuestras vulnerabilidades ante las amenazas de desastres socionaturales, incluyendo el cambio climático.
• Pedimos a toda la ciudadanía, expresada a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil, a actuar en la defensa de los derechos ciudadanos como sustentos de un país democrático, participativo, justo y equitativo, así como apoyar activamente todo esfuerzo pacífico y constitucional para restituir de manera expedita la vigencia del Estado de Derecho en el país.
•  Finalmente, solicitamos a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, así como a las organizaciones ambientales hermanas en todo el mundo, a estar atentos a la situación venezolana de tal manera de apoyar los esfuerzos que se estén realizando en el país para mantener la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela.

El Comité Coordinador

24 de octubre de 2016

Comunicado de la Red ARA en relación con la decisión de revertir la eliminación del Ministerio del Ambiente

Comunicado de la Red ARA

El manejo técnico, oportuno y transparente de los problemas ambientales es la clave para el éxito de la gestión del nuevo ministerio

La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA) considera positiva la decisión de revertir la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Vivienda y Hábitat. En tal sentido, exhorta a las nuevas autoridades a aprovechar esta situación como una oportunidad para redefinir, optimizar y fortalecer  las políticas ambientales del país de tal manera que se pueda dar respuestas efectivas y oportunas a los graves problemas ambientales que nos están afectando.

Para lograr este objetivo es necesario que el  nuevo ministerio desarrolle una acción fundamentada en criterios técnicos sólidos, transparencia en la acción y participación efectiva de la ciudadanía y sus organizaciones.  Para ello será necesario separar su acción de la influencia político-partidista que desvió al Ministerio del Ambiente de su misión contribuyendo con ello al agravamiento de los problemas ambientales del país.

En tal sentido el nuevo ministerio debe concentrar sus esfuerzos en dar respuestas a las necesidades sociales, garantizar los derechos ambientales de los venezolanos y preservar la base de sustentación ambiental del país. Es decir: conservar nuestra biodiversidad, mitigar la contaminación, reforzar la conservación de las cuencas, asegurar el acceso a fuentes de agua continuas y de calidad, promover la sustentabilidad de nuestras ciudades y medios de producción, eliminar la injusticia ambiental y actuar contra el cambio climático. 

Un paso inicial en este sentido, sería la realización, lo antes posible, de una convocatoria abierta a toda la sociedad venezolana. Este debe incluir a las ONG ambientales, grupos organizados, así como a profesionales en las universidades, centros de investigación y otros entes públicos o privados vinculados con la materia ambiental, con el fin de articular acciones conjuntas dirigidas a la búsqueda de soluciones de los problemas y retos ambientales de Venezuela.

La red ARA y sus organizaciones participantes están en la posibilidad de contribuir en esta tarea. Nuestras organizaciones tienen experiencia en temas como conservación de la biodiversidad, sustentabilidad de comunidades locales, procesos de participación, articulación y generación de conocimiento en la gestión ambiental, gestión de áreas protegidas, educación ambiental, gestión social del ambiente, así como en el desarrollo de diagnósticos y propuestas en diversos contextos sociales y con diversos actores.

El trabajo que este nuevo ministerio tiene  por delante es extremadamente difícil y el camino es complejo. Esto tanto por la variedad y dificultad de las tareas que deberán ser asumidas, como por el contexto económico, social y político que actualmente vivimos. En estas circunstancias, más que doctrinas políticas necesitamos objetivos comunes que nos permitan unir fuerzas para llevar al país por un camino de sustentabilidad. Es por ello que instamos a las nuevas autoridades a asumir la misma con liderazgo ético y visión de futuro que permita reunir a todos los actores sociales en  torno a la construcción de un futuro sustentable para Venezuela. 

No dejemos que Venezuela pierda esta oportunidad.

El Comité Coordinador

07/04/2015

La Red ARA renovó su Comité Coordinador para el período 2015 -2017

En su Asamblea General se ratificó su valor como la red ambiental más relevante de Venezuela, así como la importancia del trabajo en red para enfrentar las amenazas actuales sobre la salud ambiental del país.

El pasado 9 de diciembre representantes de las Organizaciones No Gubernamentales Ambientales de Venezuela (Red ARA) se reunieron en Asamblea General de miembros para presentar su informe de gestión del periodo 2012-2014 y elegir un nuevo Comité Coordinador que orientará la acción de esta Red en el período 2015 – 2017.

El Comité Coordinador saliente presentó el informe de gestión del período 2012 – 2014 donde se enfatizó que las actividades y opiniones emitidas por la Red la han posicionado como la referencia más importante en temas ambientales del país, debido a su compromiso con la defensa de los derechos ambientales, el énfasis en el valor de la información científica, su convicción en el uso del diálogo como proceso de desarrollo democrático y su independencia de criterios con respecto a partidos políticos o ideologías.  Esta posición se ve reforzada por el hecho de que los miembros de la red representan la visión de una gran parte de los grupos ambientalistas que están activos a lo largo y ancho del país.

La Asamblea abordó la grave situación actual de la institucionalidad ambiental del país, la cual se manifiesta en la desaparición del Ministerio del Ambiente, la manipulación ideológica de las funciones ambientales, la usurpación ilegítima de las Áreas Protegidas para proyectos economicistas y de dudoso desarrollo social, la exclusión y negación a dialogar con las Organizaciones Ambientales por parte del ejecutivo nacional del país y la tergiversación de conceptos ambientales para vender una imagen de país ambientalista. En este contexto más que nunca es importante el trabajo en Red y la vigencia de la Red ARA como mecanismo para transformar esta realidad.

Finalmente, como parte de la reflexión realizada se discutió la necesidad de optimizar la red tanto en sus aspectos estratégicos como funcionales de tal manera de ser mucho más eficaz en el logro de su misión.

Luego de este proceso de reflexión y balance, se procedió a la elección del nuevo Comité Coordinador que tendrá la responsabilidad de promover las acciones de la red en el período 2015 – 2017. En esta elección quedaron elegidas las siguientes organizaciones: Ecodiversa, Fundación La Tortuga, Phynatura, Vitalis y EDEPA.

Es importante destacar que tres de las cinco organizaciones que integran el nuevo Comité Coordinador tienen sus sedes fuera de Caracas, lo que refuerza la visión nacional de la Red ARA

El nuevo Comité iniciará sus funciones a partir del 1º de enero de 2015 y se aprobó un período no mayor de dos meses para completar la transición administrativa y legal al nuevo equipo de trabajo.

La Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela ante la resolución de desocupación de la Fundación Científica Los Roques

La Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), en nombre de las 34 organizaciones que la integran, expresa su firme rechazo a la resolución del Territorio Insular Francisco de Miranda y el Ministerio de Agricultura y Tierras (1), que revoca la autorización a la Fundación Científica Los Roques, para operar la Estación Biológica Dos Mosquises, ubicada en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques desde 1967.

No entendemos las razones a las que obedece la citada resolución contra una institución que por más de 50 años, ha sido apoyo técnico y científico del Estado en materia de investigación y conservación marina, que ha generado la información necesaria para la creación y reglamentación del primer parque marino de Venezuela, el manejo y conservación de especies marinas emblemáticas y buena parte del conocimiento que hoy tenemos sobre estos ecosistemas y sobre los asentamientos insulares de indígenas venezolanos.

Más allá de la base legal de la medida, la Red ARA considera injustificada la desocupación de la Estación Biológica Dos Mosquises, a través de la cual, Fundación Científica Los Roques ha brindado una valiosa plataforma a cientos de investigadores en Venezuela y el mundo y ha sido aula abierta para la formación de docentes, estudiantes, funcionarios, operadores, público general y pobladores del Archipiélago, lo que hace de esta Estación Biológica una referencia mundial en investigación y educación ambiental.

Como miembros de la sociedad civil organizada, que creen y ejercen el principio constitucional de corresponsabilidad ciudadana, nos preocupa la publicación oficial de una resolución cuyo texto no señala justificación alguna de dicha medida, generando un grave precedente que amenaza el derecho de libre asociación, en un país que propugna como valores superiores “…la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social…” (Art. 2 CRBV)

La Red ARA se suma a la solicitud de la comunidad científica, académica, ambiental y ciudadana, así como de los habitantes del Archipiélago Los Roques e instamos al Ministerio de Agricultura y Tierras y a la Jefatura del Territorio Insular Miranda a reconsiderar y revertir esta lamentable resolución. Así mismo, los invitamos a establecer y mejorar los mecanismos de comunicación, cooperación y apoyo institucional y financiero con la Fundación Científica Los Roques, en coordinación con otros organismos gubernamentales como INPARQUES, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente e INSOPESCA, responsables de la administración y conservación de este patrimonio natural de los venezolanos para las generaciones presentes y futuras.


Caracas, 21 de julio de 2014
Comité Coordinador

(1) Resolución conjunta del Territorio Insular Francisco de Miranda (Decreto N° 12014) y Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (N° 0272014) del 30 de abril de 2014, publicada en Gaceta Oficial 40.443 del 30 junio del 2014

Sobre la PreCOP Social y el compromiso del Estado Venezolano con el Cambio Climático

La Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), manifiesta su posición sobre la iniciativa liderada por el Gobierno venezolano de convocar una reunión PreCOP Social de Cambio Climático.

Ante el grave problema que representa el cambio climático, valoramos la aparición de mecanismos que promuevan la participación activa de la sociedad civil organizada, en el proceso de discusión que llevan adelante los Estados sobre el mismo.

Consideramos que esta oportunidad debe servir para lograr un movimiento social global que apalanque los cambios necesarios en los modelos económicos, sociales y de gestión ambiental que hagan posible la construcción de sociedades sustentables.

En particular, la red ARA considera que los movimientos sociales reunidos en Margarita debemos exigir el compromiso de todos los gobiernos del mundo de implementar de manera urgente medidas dirigidas a:

1. Promover la producción y promoción de energías limpias, junto al uso responsable de combustibles fósiles.
2. Establecer procesos productivos eco-eficientes que disminuyan la generación de residuos y emisiones que generen gases de invernadero y destruyan los ecosistemas naturales.
3. Incrementar la superficie de áreas naturales protegidas y garantizar la conservación de las existentes, a la vez que se promueva el desarrollo de ciudades sustentables.
4. Disminuir de manera radical la deforestación, especialmente para el establecimiento de pastizales, potreros, explotación minera o petrolera, así como fortalecer los programas de reforestación de áreas degradadas.
5. Establecer mecanismos para revertir la cultura del consumismo, así como mejorar los procesos de gestión de residuos sólidos, promoviendo sistemas de reutilización, recuperación y reciclaje. 
6. Exigir a todos los Estados la disminución drástica de los gastos militares y utilizar esos recursos en programas dirigidos a la gestión ambiental, el desarrollo social sostenible y los programas de adaptación al cambio climático, especialmente para atender a las poblaciones más vulnerables.
7. Establecer procesos educativos y de información que promuevan la incorporación masiva de todos los grupos sociales a los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Por otra parte, como organización venezolana no podemos dejar de referirnos a la situación de nuestro país, y presentar una serie de opiniones y demandas que esperamos sirvan como base para promover la discusión sobre las políticas ambientales nacionales, a la vez que promueva la participación de todos en el camino de construir una sociedad sustentable.

En tal sentido:

1. Rechazamos el sesgo ideológico que se le quiere imponer a esta reunión de movimientos ambientales y sociales del mundo. Creemos que una discusión que presente los temas referidos al cambio climático global como una mera confrontación de socialismo versus capitalismo, es una re-simplificación de la compleja realidad social y política relacionada con el cambio climático, enmascara las verdaderas exigencias de un cambio de los modelos económicos basados en la explotación sin frenos de los recursos naturales y no contribuye al logro de los acuerdos necesarios que permitan establecer mecanismos de co-responsabilidad en la lucha contra el cambio climático.
2. Exigimos al Estado Venezolano que, más allá de los discursos políticos, desarrolle acciones concretas, eficientes y sostenidas para atacar las causas y efectos del cambio climático en el país. En tal sentido es, por lo menos, incoherente promover reuniones internacionales para exigir responsabilidades de los países desarrollados cuando el país sólo ha entregado la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y está en mora con todas las otras obligaciones establecidas en los Convenios Internacionales y la legislación nacional.
3. Reivindicamos el derecho constitucional a la participación de la Sociedad Civil Organizada en todos los asuntos que afectan el desarrollo del país y su gente. Creemos que un país que convoca a ONG y movimientos sociales del mundo para allanar caminos de interacción con los gobiernos, también debería tener mecanismos similares para que la sociedad civil organizada de Venezuela intervenga y contribuya en la solución de los problemas ambientales en función de su experiencia y trayectoria. Pero por el contrario, la realidad es, que lejos de promover la integración y valoración de las trayectorias y experiencias de los grupos ambientales venezolanos, ha habido una acción reiterada del gobierno nacional en contra de las ONG y sus proyectos, muchas veces dificultando e incluso impidiendo sus actividades. 
4. Exigimos que el tema ambiental sea considerado como eje prioritario para el desarrollo sustentable del país. Para ello es necesario el fortalecimiento institucional de entes claves como el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Instituto Nacional de Parques. En tal sentido, el Estado venezolano debe revertir la situación de déficit crónico en la inversión pública destinada a la gestión ambiental. Esta situación se muestra en el hecho de que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, que debe administrar cerca del 40% del territorio en distintas áreas bajo régimen de administración especial, su presupuesto nunca ha superado el 1% del total nacional.

En concordancia con estas exigencias, la Red ARA y sus miembros como expresión de la sociedad civil organizada ambientalista de Venezuela, están abiertos y dispuestos a articularse y trabajar en conjunto con las instituciones del Estado Venezolano y el resto de los actores sociales del país. Asimismo, esperamos que, a partir de la iniciativa de la PreCOP Social se produzcan cambios significativos en el Estado Venezolano, que impulsen la búsqueda de la reunificación del país y el reconocimiento de que los problemas del país exigen la participación y acción de todos sus ciudadanos.

Sinergia Rechaza allanamientos de sedes de organizaciones y amenazas a activistas sociales

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana

Integrada por 50 asociaciones civiles promotoras del desarrollo social, la construcción de ciudadanía, la formación con base en valores y principios democráticos, unidas en la promoción y defensa de los derechos a la participación y libre asociación Rechaza allanamientos de sedes de organizaciones y amenazas a activistas sociales.

Las organizaciones que conformamos Sinergia, expresamos nuestro rechazo a la persecución, intimidación y amenazas por parte del Gobierno Nacional, en los últimos días en los que se ha señalado con nombre y apellido a representantes de organizaciones de la sociedad civil Venezolana, defensores de derechos humanos, reconocidos en el país, algunas de ellas miembros de Sinergia, como el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Fundación Futuro Presente.

Por otra parte, se han producido una serie de allanamientos a sedes de organizaciones, sin que se haya informado con precisión y claridad cual es la amenaza real que se busca controlar; el discurso de los representantes del orden público no puede estar lleno de slogan políticos, repitiendo argumentaciones ideológicas para intentar criminalizar actuaciones que son licitas.

Las diversas acusaciones mencionadas por el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres y los cuerpos de seguridad del estado, representan una franca violación a los derechos a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y al derecho legítimo de expresar disconformidad con propuestas, políticas y actores políticos. Por ello, exigimos por un lado investigaciones independientes, sin sesgo político y con presentación de evidencias verificables, y, por otro lado, garantizar el debido proceso, y la seguridad física y sicológica de los defensores y miembros de las organizaciones señalados por el Ministro Rodríguez Torres.

Los responsables de la seguridad pública no pueden seguir acusando con ligereza de “terrorismo”, “asociación para delinquir”, “traición a la patria”, “violación de la soberanía”, “subversivos”, “conspiradores”, a personas y organizaciones que tienen una vida dedicada a construir bienestar, a la defensa de derechos humanos o la construcción de lo público para beneficio de todos, a la protección de poblaciones en estado de vulnerabilidad.

En declaraciones ampliamente difundidas por los medios de radio, televisión y prensa del estado venezolano, el Ministro Rodríguez Torres ha acusado de gravísimos delitos a defensores y organizaciones, sin presentar evidencias o pruebas que sostenga las afirmaciones. La descalificación pública por parte de órganos de seguridad del estado sin que exista resultados de investigaciones y decisiones judiciales reviste ya una violación al estado de derecho, único principio que nos garantiza la igualdad ante la ley, y justicia debida.

Con la crispación que vive el país en los últimos meses -producto de la crisis económica, del sistema de salud, la inseguridad, el desabastecimiento, entre otros problemas,- las acusaciones por parte del gobierno de responsabilidades tan graves, podría generar rechazo hacia los objetivos y el trabajo que desarrollan cientos de organizaciones ciudadanas, poniendo en riesgo la estabilidad de la organización y la seguridad de activistas, defensores y sus familias.

Reiteramos nuestro rechazo a lo que constituye una política de criminalización de la labor de múltiples organizaciones civiles de desarrollo social, de derechos humanos, a los defensores y activistas que cumplen la misión de velar por los derechos de todas y todos los venezolanos. Nos preocupa la campaña difamatoria y amenazas contra Humberto Prado, Coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Rocío San Miguel, Directora de Control Ciudadano y Manuela Bolívar, Directora de Futuro Presente. En particular hacemos un llamado a la liberación de Rodrigo Diamanti, Presidente de la organización Un Mundo sin Mordaza, y el cese de las amenazas e intimidaciones a partir de la supuesta existencia de una lista para próximos allanamiento y detenciones.

Las organizaciones de sociedad civil, incluyendo a las de desarrollo social y de promoción y defensa de los derechos humanos, juegan un papel vital en la generación de condiciones para una vida digna de toda la población venezolana, en particular de quienes se encuentran en las mayores condiciones de vulnerabilidad. En el ejercicio de su labor, las organizaciones dan cumplimiento al artículo 132 de la Constitución Nacional, que establece que “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social”.

Recordamos que Venezuela es firmante de Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, que exige a los gobiernos proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor. Asimismo, establece el deber de los Estados de “proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades; proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos y garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos”.

Por último, creemos que un gobierno democrático se mide por su disposición y capacidad de respeto y diálogo. El camino de la paz, pasa por el reconocimiento del otro y la capacidad de aceptar que el país es de TODOS y TODAS. Ratificamos nuestra disposición a apoyar todas las iniciativas tendientes a procurar el camino del entendimiento y la convivencia ciudadana en nuestro país.

Caracas, 9 de mayo de 2014

Contacto
Deborah Van Berkel 0414 2340482

Declaracion de Sinergia 9 de mayo 2014

Nuevo documento: La contaminación por mercurio en la Guayana venezolana: una propuesta de diálogo para la acción

La contaminación por mercurio derivada de la minería artesanal del oro es uno de los problemas ambientales y de salud humana más graves que vive Venezuela, y que está afectando a comunidades y ecosistemas en extensas zonas de la Guayana venezolana.

Por ello, la Red de Organizaciones Ambientales de Venezuela (Red ARA), con el apoyo de Fundación Avina y en el marco del programa “Diálogos sobre Sustentabilidad Ambiental de Venezuela” ha centrado esfuerzos en discutir con actores clave en torno a acciones para mitigar los efectos de la contaminación por mercurio en la Guayana venezolana, con el fin de propiciar un proceso de reflexión y diálogos interinstitucionales para abordar cómo mitigar esta situación.

Con el apoyo de comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en salud y biología,  se completó el documento “La contaminación por mercurio en la Guayana venezolana: una propuesta de diálogo para la acción” que muestra la situación actual, producto de la contaminación por mercurio en los estados de Bolívar y Amazonas, y finaliza con recomendaciones de acción para la mitigación de los efectos de la contaminación. 

Las dimensiones sociales y ambientales del problema

Los resultados de este trabajo indican que un porcentaje significativo de la población en las zonas mineras se encuentra afectado por la contaminación por mercurio. Asimismo, se han detectado concentraciones importantes de este tóxico en la atmósfera, cuerpos de agua, sedimentos, suelos, animales acuáticos y vegetación. Además, las investigaciones han mostrado una disminución de la diversidad biológica en ríos contaminados.

Tal situación genera graves efectos sobre la salud humana, afectando particularmente a los mineros y sus comunidades, así como a otros grupos humanos que dependen para su alimentación de especies acuáticas.

Recomendaciones para la mitigación de los efectos contaminantes.

 En función de estos resultados, en el documento se recogieron una serie de recomendaciones para avanzar en dirección a la solución de este problema.  En él, se exhorta tanto a los organismos competentes, como a la  sociedad venezolana a trabajar de manera conjunta y articulada para la implementación inmediata de medidas efectivas para avanzar en este propósito.

Alejandro Álvarez, miembro del comité coordinador de la Red ARA, indicó que los resultados conseguidos en el trabajo son alarmantes y que espera que el documento ayude a destrabar los obstáculos que impiden actuar de manera eficiente y urgente.  Asimismo indicó que espera que el documento sea utilizado como recurso educativo para concienciar a la población sobre este grave problema social y ambiental.

Fundación Avina apoya y participa esta iniciativa por considerarla clave para la Región Guayana y, en general, para Venezuela así como para otros países de América Latina.  Guayana Páez Acosta, 

representante de Avina, señala que “apoyamos esta iniciativa porque estamos convencidos que solo el diálogo amplio e incluyente permitirá que abordemos esta problemática de manera mancomunada. En América Latina y en Venezuela apoyamos procesos de colaboración para abordar retos y oportunidades que una sola organización, institución o comunidad no podría atender”. 

La Red ARA seguirá promoviendo en Venezuela la realización de procesos de diálogo a fin de promover la incorporación de todos los sectores del país en la defensa de derechos ciudadanos y ambientales.

El documento completo puede ser descargado en este mismo blog en la pestaña de "Documentos y Presentaciones de Red ARA"

SE BUSCAN ASISTENTES A RÍO +20

La red ARA está buscando contactar a las personas que asistieron a las deliberaciones de Río +20 como representantes de ONG, instituciones universitarias y otros grupos tanto de la sociedad civil, así como de otras instituciones públicas y privadas del país.

Esto tiene como fin tener un registro de las personas que pudieran tener información que puede ser divulgada en relación con los temas prioritarios discutidos en ese evento, así como de los resultados del mismo.

Sí usted asistió a Río o conoce alguien que haya estado presente en cualquiera de los eventos que se realizaron en Río como parte de la Cumbre, por favor envíe esta información al correo alvareziragorry@gmail.com indicándo el nombre completo de la persona que asistió, institución y correo electrónico.

Ante la denuncia de construcción de viviendas en el Parque Nacional Médanos de Coro

La Red ARA y el Comité de Áreas Naturales Protegidas de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales hacen un llamado a respetar la legislación ambiental y detener los planes de construcción de viviendas dentro de los parques nacionales de Venezuela.

La Red de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) y el Comité de Áreas Naturales Protegidas de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales expresan su preocupación ante la denuncia realizada por funcionarios del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), en la que señalan la intención de construir viviendas dentro del Parque Nacional Médanos de Coro en el estado Falcón por parte del Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Así mismo, expresamos completa solidaridad con los planteamientos hechos por estos funcionarios.

La construcción de viviendas dentro de parques nacionales es ilegal. Los parques nacionales (PNs) como patrimonio de todos los venezolanos, son áreas particularmente protegidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por diversos tratados internacionales. Violar el ordenamiento jurídico de los PNs es un ilícito ambiental y por ende, una violación de los derechos humanos colectivos del pueblo venezolano.

El sistema de parques nacionales de Venezuela apenas ocupa un 15% del territorio nacional y garantiza el acceso al agua potable de más de 20 millones de habitantes y la generación del 70% de la energía eléctrica que se consume en el país, quedando aún un 85% del territorio nacional para enfrentar el déficit de viviendas existente en todo el país, el cual debe ser solucionado con políticas económicas, financieras y habitacionales coherentes con el modelo de desarrollo sustentable expresado en el texto constitucional.

La amenaza de construcción ilícita dentro del Parque Nacional Médanos de Coro refleja un grave problema de pérdida de institucionalidad, dado que otros entes gubernamentales – en este caso encargados de desarrollar la infraestructura habitacional – pretenden desconocer abiertamente la legislación ambiental correspondiente a la ordenación territorial, colocándose al margen de la ley y la CRBV, situación que se repite de manera generalizada en la mayor parte de las áreas naturales protegidas del país.

La Red ARA y el Comité de Áreas Naturales Protegidas de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales apoyan a INPARQUES en la defensa territorial del Parque Nacional Médanos de Coro y le acompañarán en exigir al Ministerio Público a que concurra diligentemente en defensa activa del Parque Nacional Médanos de Coro y de todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

En Caracas a los 10 del mes de Octubre de 2011,

Comité Coordinador de la Red Ara

La Red ARA presentó un diagnóstico ambiental de Venezuela

El pasado día 26 de mayo la red ARA presentó el documento: “Aportes para un diagnóstico de la problemática ambiental de Venezuela: La visión de la Red ARA” Este trabajo fue realizado con el apoyo financiero de la Embajada de Finlandia.

La investigación tuvo como objetivos: ofrecer algunos aportes para la discusión sobre los principales problemas ambientales que están afectando al país desde la óptica de las ONG ambientales. Así como proponer algunas estrategias y acciones realistas y viables, que permitan avanzar hacia estrategias efectivas y participativas de trabajo en función de una vida positiva para la población, un respeto por la vida en todas sus formas, la reivindicación del derecho a la participación y de los derechos ambientales de todos los venezolanos.

El mismo, se centró en siete temas pre-seleccionados: Disminución de la biodiversidad, contaminación, gestión de los residuos sólidos, impactos de la explotación petrolera, gestión de recursos hídricos, gestión de las áreas naturales protegidas y cambio climático global.

Para recabar información sobre los temas seleccionados, se realizó una investigación documental y una consulta a treinta y cuatro expertos, los cuales incluyeron directivos o investigadores asociados a ONG ambientales, consultores, investigadores universitarios, funcionarios públicos y comunicadores sociales.

Los resultados encontrados muestran importantes problemas que están afectando la salud, seguridad y potencial de desarrollo de los venezolanos. Muchas de las situaciones son de larga data, pero se evidencia el crecimiento de la magnitud y complejidad de las distintas situaciones revisadas. Así mismo, se constató que estas situaciones están generando graves situaciones humanas que están poniendo en peligro la salud, la seguridad y las posibilidades de desarrollo sostenible del país.

Algunos datos puntuales encontrados en el trabajo son:

·         Se han identificado 748 especies de fauna y 341 especies de plantas amenazadas en el país.

·         La intervención de ecosistemas naturales ha aumentado en un 84% en los últimos 20 años. La tasa de deforestación en Venezuela es la décima entre las más altas del mundo.

·         En el año 2000, se identificaron más de 1.400 especies exóticas, de las cuales 139 se clasificaron como invasoras presentes en el país.

·         La cosecha de especies como el chigüire y la baba han sufrido reducciones drásticas.

·         Las pesquerías, tanto en áreas marinas como continentales, han tenido un declive continuo en los últimos años. La pérdida de biodiversidad tiene repercusiones sobre la salud humana y la vulnerabilidad de las poblaciones ante eventos adversos. En Venezuela prácticamente se duplicó la prevalencia de asma bronquial en escolares urbanos entre 1991 y 1995.

·         Se han medido valores altos de contaminación en aguas continentales y costeras a lo largo del país como consecuencia de la descarga de aguas servidas no tratadas, aguas de escorrentía de zonas agrícolas y emisiones industriales.

·         Se ha detectado la presencia de pesticidas en la leche materna, margarinas y mantequillas, aceites comestibles, hortalizas y agua para el consumo humano.

·         Se estima que en el país deben existir alrededor de 3.000 vertederos a cielo abierto, donde están mezclados desechos municipales, industriales, hospitalarios y donde no hay ningún tipo de tratamiento.

·         Más del 90% de las personas examinadas en un estudio de contaminación por mercurio en El Callao (estado Bolívar) presentaron este metal en la orina por encima del nivel de alerta, lo cual es considerado uno de los niveles de intoxicación más altos en el mundo. La incidencia de anencefalia (una grave malformación cerebral congénita incompatible con la vida) en la costa oriental del lago de Maracaibo es casi ocho veces mayor en comparación con otras regiones de Venezuela o del mundo.

·         Trece de dieciocho especies de peces comerciales evaluadas en diversos ríos del sur de Venezuela presentan altos niveles de mercurio en sus tejidos.

·         En el año 2001 se declaró al sistema hídrico nacional y a la basura como emergencias nacionales de atención fundamental, pero 10 años después persiste el problema.

·         Según datos del INE, en Venezuela se recolectan más de 25.000 toneladas de residuos sólidos al día, aproximadamente 1 kilo por persona.

·         La actividad petrolera en Venezuela ha acumulado enormes pasivos ambientales, incluyendo: 10.269 fosas, 120 mil metros cúbicos de desechos peligrosos, 533 mil de lodos y 2.353 instalaciones abandonadas.

·         Los modelos climáticos estiman una reducción de hasta un 25% en los valores de precipitación en diferentes zonas del país y se estima la pérdida de 3.184 hectáreas de zonas costeras debido al aumento del nivel del mar.

·         En 2011, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente apenas tiene asignado el 1% del presupuesto nacional

Finalmente se proponen cinco grandes estrategias para mejorar la gestión ambiental del país:

·         Revalorizar el tema ambiental,

·         Reencauzar la gestión ambiental sobre bases técnicas sólidas,

·         Fortalecer las instituciones de gestión ambiental,

·         Reforzar la participación de todos los actores sociales en los procesos de gestión ambiental y

·         Educar a la población de tal manera de que participen de manera consciente y responsable en la gestión ambiental del país.

El documento completo puede ser revisado y bajado Pinchando aquí

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